Defenderá la validez de los acuerdos alcanzados mediante la negociación colectiva en esta materia y duda, además, de la eficacia del llamado I Plan Provincial de Servicios Sociales.
El Pleno extraordinario de la Diputación Provincial de 1 de octubre, celebrado con la asistencia y apoyo fiel de un dirigido grupo de jóvenes cachorros “populares”, sirvió para la aprobación del llamado I Plan Provincial de Servicios Sociales y la “anulación” de los compromisos que la institución provincial tenía con sus trabajadores y trabajadoras en materia de ayudas de estudios.Es necesario resaltar el hecho de que estas ayudas de estudio, son “derechos”, que no privilegios, alcanzados en la negociación colectiva por los empleados de la Diputación y de los que la institución provincial no puede “abjurar” alegremente sin violentar la paz social y el propio ordenamiento jurídico. En una época en la que los empleados públicos eran sometidos reiteradamente a congelaciones salariales y a penitencias por pecados cometidos por otros, la negociación de mejoras en el salario diferido por la vía de los llamados “complementos sociales” no solamente era legitima, sino justa y legal. Lo que no es justo ni legal, ni por supuesto legítimo, es pretender incumplir un contrato entre partes, convenido libremente, sin que ello no tenga consecuencias ni en el plano de las responsabilidades legales ni en el de la convivencia democrática.
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Unidos en el descrédito de los empleados de la institución que gobiernan. (Foto de Leonoticias) |
No se puede mentir a la opinión pública, en un ejercicio involutivo de socavamiento de las reglas del juego democrático, haciendo creer a los ciudadanos que no es razonable que funcionarios que cobran 50.000 euros anuales, sean ayudados además socialmente en la promoción educativa de sus hijos, porque la realidad es que la mayoría de los empleados y empleadas de la Diputación Provincial son simples mileuristas. Tampoco se puede distraer la atención con la presencia, o no, de los representantes de los trabajadores en determinadas farsas negociadoras. Porque precisamente estos representantes, con perfecta consciencia de su responsabilidad, se han negado a seguir el juego de falacias un equipo de gobierno mentiroso, oscurantista, y fanático del liberalismo económico. Ello quedó plenamente demostrado en la escenificación de su propuesta del 17 de mayo, que sin concesión alguna, pretendía ser impuesta el día 7 de agosto. Pero no hay que convencerles de nada. Bien saben ellos que una negociación no es en ningún caso un besamanos.
Por fortuna, algunas instituciones democráticas siguen existiendo en este país. Y entre ellas está la Judicatura. Por todo ello, queremos anunciar que nuestra organización sindical acudirá a la vía jurisdiccional para impugnar un acuerdo plenario que viola derechos legítimamente reconocidos y, por lo tanto, que vinculan plenamente a la Diputación Provincial.
Además, queremos expresar, en relación al I Plan de Servicios Sociales, nuestra más profunda desconfianza. Salvando el error de denominación -puesto que en ningún caso el Plan es un conjunto de actuaciones en materia de Servicios Sociales, sino un Plan Operativo en materia de Recursos Humanos de esta área- dudamos de que el mismo sirva para acercar los servicios sociales a los ciudadanos. De hecho, es difícil creer en toda la parafernalia de colores y mapas del Plan cuando se conoce, por ejemplo, toda la política real de limitación de desplazamientos a los que se viene sometiendo a los empleados de esta área. Es, por otro lado, un trabajo desarrollado por un consultor externo en el que no han participado los empleados de la institución especializados en la materia, y su verdadero desarrollo no cuenta, en nuestra opinión, ni con los medios operativos ni con los recursos económicos suficientes como para garantizar sus supuestos objetivos. Por todo ello, es difícil no sustraerse a la sospecha de que oculta pretensiones que nada tienen que ver con los ciudadanos y sí con el austericidio y el clasismo liberal.
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